Según la Procuraduría, se habrían presentado inconsistencias y falsedades en los soportes presentados al Icbf, por parte del contratista, sobre la atención brindada a familias vulnerables.
Noticias Nariño.
Una investigación disciplinaria en contra de dos exdirectores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-y a otros diez exservidores y funcionarios de la entidad adelanta la Procuraduría General de la Nacion, en Nariño
Las indagaciones, estarían relacionadas con presuntas irregularidades en el registro y atención de familias vulnerables atendidas por el Programa Mi Familia entre el 2021 y el 2023, caso conocido como ‘el cartel de las familias falsas’.
Los investigados son los exdirectores regionales Luis Carlos España Patiño y María Mercedes Arellano.
Así mismo, se involucra a la entonces asesora de la Dirección General de la entidad y quien cumplió funciones de directora regional (e), Martha Isabel Tovar Turmequé, y la excoordinadora del Grupo Financiero, Luz Ángela Alvarado Yépez.
También se abrió investigación contra Óscar Abel Hurtado Narváez, coordinador del Grupo Jurídico, César Wilton Lloreda Alvear, Martha Lucía Pepinosa Bravo.
Además de Daira Vanesa Córdoba, Yudeimi Manco Valle, Myriam Consuelo Tovar Peña, Aura Leonila Benavides y Luz Elena Martínez Recalde.
Icbf en la mira de la Procuraduría
Al parecer se habrían presentado posibles irregularidades en la selección de la Unión Temporal Mi Familia para la ejecución del contrato, firmado por 8.399 millones de pesos para visitar periódicamente 3.930 familias en 16 municipios,
La iniciativa buscaba prevenir el maltrato infantil, pues aparentemente no estaba habilitada y no cumplía con los requisitos exigidos.
También se investigan aparentes faltas disciplinarias en la suscripción, ejecución y supervisión contractual.
Señalan que al parecer se presentaron inconsistencias y falsedades en los soportes presentados por la UT Mi Familia sobre la atención brindada a las familias.
Sobre la supervisión de los trabajos, el Ministerio investiga si se habrían advertido de manera oportuna las supuestas falsedades registradas en los documentos que soportaban las visitas.
Igualmente, se habría presentado una posible omisión en la adopción de medidas ante el incumplimiento del contratista y por no denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales las posibles inconsistencias o falsedades presentadas y así evitar el detrimento patrimonial del Estado.
En el auto de apertura de investigación, la Procuraduría remitió copia a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe la procedencia o no de la acción penal.